El presidente Daniel Ortega no quiere recibir a organismos internacionales que contribuyan al diálogo nacional y que sean garantes de ese proceso en Nicaragua. El mandatario teme que se inicien investigaciones en su contra.
“Una política de silencio por parte del Gobierno ecuatoriano se ha vivido durante este primer año», aseveró la pareja del fotoperiodista Paúl Rivas.
Es indispensable que “se realicen reformas legales y se tipifique la desaparición involuntaria como un tipo penal autónomo, que permita judicializar las búsquedas”, expresó el Representante del Centro de Derechos Humanos de la PUCE.
Los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra solicitarán que se amplíe el plazo, “debido a que no ha existido colaboración eficiente en la entrega de información por parte de la Fiscalía de Ecuador y Colombia. Se necesita esa información para esclarecer los hechos”, aseveró Ricardo Rivas, hermano de Paúl.
El asambleísta César Carrión dijo que el “correato” logró posicionar la tesis de intento de magnicidio, secuestro y golpe de Estado después de la revuelta del 30 de septiembre de 2010, pero ninguna existió en realidad.
“La prioridad para nosotros es la captura con vida de alias Guacho, porque la verdad tiene que saberse. Impunidad también es no conocer lo que pasó…”, dijo Yadira Aguagallo, vocera de los familiares del equipo periodístico de El Comercio.
Dentro de las recomendaciones que realizó el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH al Gobierno ecuatoriano es la integración de un Comité para la Seguridad de los Periodistas, propuesta que ha sido acogida.
Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH llegará a Ecuador en julio para investigar el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio, existe expectativa sobre el trabajo que desempeñen.
«No solo se busca esclarecer los hechos del secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio, sino exigir un país seguro. La libertad del ejercicio periodístico sin amenazas», Yadira Aguagallo.
Fundamedios, Flip, Reporteros Sin Frontero y CPJ calificaron de inadmisible el manejo de la información por parte de los gobiernos de Ecuador y Colombia.