Pedro Franco: Seguridad digital y proyecto de manual en quichua
El abogado Ramiro García junto a sus defendidos tras la resolución de la Corte Nacional el pasado 7 de junio de 2016.
“Violar DDHH es un mal negocio, porque a la larga el violador de DDHH va a terminar pagando por las cosas que ha hecho. Eso lo deben recordar fiscales y jueces. Durante varios años han perseguido a dirigentes sociales y estudiantiles y poco a poco se les irá pasando la factura”, dijo hoy Ramiro González, abogado de los 10 de Luluncoto. Esto a propósito de la decisión de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia de declarar extinguida la pena a los procesados durante la audiencia de casación del pasado martes.
El caso se remonta a marzo de 2012 cuando en una casa del sector de Luluncoto, al sur de Quito, fueron detenidos 10 jóvenes en el operativo Sol Rojo y acusados de sabotaje y terrorismo. González ratificó una vez más que el caso no tuvo la prueba suficiente para sustentar dicha acusación. Escucha la entrevista completa.