“El acceso a la información pública es un derecho y es fundamental para garantizar otros derechos como educación, salud, medio ambiente, seguridad ciudadana”, enfatizó Guilherme Canela.
La vocera de los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio indicó que el 3 de octubre el ESE expondrá los primeros avances de la investigación, en EE.UU. , sobre el secuestro y asesinato de Efraín, Javier y Paúl.
Ana Cristina Ruelas, directora organización Artículo 19, indicó que el acceso de la información es un derecho universal y humano que debe ser reconocido.
Álvaro Rosero, de la Cámara de Medios, aseguró que la propuesta de su gremio busca evitar que se dé un concurso desigual de frecuencias entre comunitarios y privados. Además, vela por los intereses de los radiodifusores que actuaron de manera ética y legal.
El Director de la Flip espera que se contribuya a esclarecer los hechos en este caso. Hace un llamado a la ciudadanía para que se mantenga pendiente sobre los avances del mismo, ya que de esa manera se puede conseguir “justicia y verdad”, advirtió.
La propuesta de ordenanza que presentó la concejal Daniel Chacón reducirá progresivamente y erradicará el consumo fundas plásticas y utensilios desechables; así como plásticos desechables fabricados de poliestireno expandido.
Este lunes 24 de septiembre la Defensoría realizará un acto de restitución de derechos y disculpas públicas en tres casos que se consideran emblemáticos. El homenaje se desarrollará en el Pabellón de las Artes (parque El Arbolito, Quito) a las 17:00
Detención de Pepe Acacho “evidencia que la justicia sigue cumpliendo órdenes, a sabiendas que ese juicio fue toda una persecución política”, expresó su abogado.
“La prioridad para nosotros es la captura con vida de alias Guacho, porque la verdad tiene que saberse. Impunidad también es no conocer lo que pasó…”, dijo Yadira Aguagallo, vocera de los familiares del equipo periodístico de El Comercio.
El Asambleísta dijo que la Asamblea recaba información sobre las denuncias de extorsión a asesores y asistentes parlamentarios para entregar a la Fiscalía, para luego establecer responsables.